diciembre 20, 2008

Rechazo a la corrupta sentencia de la Suprema Corte de Justicia

Posted in Politica at 11:24 am por 180sur

suprema-corte-de-justicia-dominicanaSANTO DOMINGO. Como arbitraria, desconocedora de la Constitución, violatoria del estado de derecho y un retroceso para las conquistas alcanzadas, fue calificada por juristas la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que establece límites para interponer las acciones de inconstitucionalidad, a propósito de la declaratoria de inadmisibilidad de los recursos en contra del contrato de US$130 millones suscrito entre el Gobierno y la empresa Sun Land Corporation.

Los juristas Mario Read Vittini, Cristóbal Rodríguez Gómez, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), califican la decisión como una estocada a los derechos de los ciudadanos para actuar en Justicia.

“El enfoque que tengo de las consecuencias de esa sentencia es que desmonta el estado de derecho en la República Dominicana, consagra la arbitrariedad de los funcionarios públicos”, manifestó Read Vittini.

El ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo considera que con esa sentencia, la SCJ establece que no hay garantías en el sistema jurídico del país, porque la seguridad jurídica desaparece.

“Porque si la Suprema Corte de Justicia considera que determinados funcionarios tienen calidad para proponer la inconstitucionalidad está consagrando la absoluta impunidad del Gobierno para hacer lo que le dé la gana por encima de la ley y de la Constitución”.

Dijo que la Constitución es clara cuando establece que cualquier ciudadano puede intentar la acción, para lo cual debe demostrar interés y calidad.

Para Rodríguez Gómez, significa el agotamiento del proceso de reforma del sector Justicia. “La reforma del Poder Judicial no se puede llevar a cabo de manera efectiva cuando el sistema de administración de Justicia está arrodillado ante los altares del poder”.

Califica la sentencia como la forma más palpable de la falta de independencia judicial y la injerencia del poder político en la toma de decisiones en la SCJ. “Creo que la Suprema Corte de Justicia ha echado por la borda más de 10 años de jurisprudencia permanente, reconociendo que todo ciudadano puede demandar la inconstitucionalidad de cualquier norma emanada de los poderes del Estado”.

El vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, manifiesta su consternación por el precedente que constituye en la justicia constitucional, porque debilita el estado de derecho y la seguridad jurídica. Al mismo tiempo, significa un injustificable retroceso en materia de acceso a la justicia constitucional de todos los dominicanos.

De su lado, el PRD declaró que el caso de la Sun Land no ha muerto y concluirá cuando un juez administre justicia de manera irrevocable y sancione a los responsables del préstamo por US$130 millones.

En una rueda de prensa, la alta dirección del partido blanco afirmó que la declaración de inadmisibilidad al recurso de inconstitucionalidad constituye un atentado al estado de derecho y reduce las esperanzas de que imperen la Constitución y la rendición de cuentas en el Estado. “Esta sentencia le ha inferido una herida profunda a la Constitución, al pretender cercenar el derecho que tienen los dominicanos de interponer acciones de inconstitucionalidad, cuando se trate de violaciones flagrantes a la carta sustantiva del Estado”, dijo el PRD en un documento leído por su presidente, Ramón Alburquerque, en compañía del secretario general, Orlando Jorge Mera.

Alegó que la Suprema Corte de Justicia creó jurisprudencia el 7 de agosto del 2002, cuando definió el concepto de “parte interesada” en una sentencia ante de inconstitucionalidad sometida contra la Ley 73-02.

Sostuvo que precisamente eso fue lo que hizo el PRD con la instancia que presentó el 18 de octubre del 200: actuar como “parte interesada” ante un caso de violación a la Constitución. “Con su sentencia del 18 de diciembre, la SCJ da un paso atrás, retrocede muchos, pero muchos años atrás con una visión conservadora que cercena y elimina el derecho que tienen todos los ciudadanos para denunciar actos inconstitucionales, como lo es el préstamo de la Sun Land”.

La justicia constitucional en el país

Servio Tulio Castaños Guzmán considera que es urgente que la reforma constitucional adopte un nuevo modelo que garantice, mediante la implantación de una Sala Constitucional en el seno de la Suprema Corte de Justicia, una justicia constitucional expedita, que reconozca los derechos fundamentales de la población, y garantice su acceso pleno a esta jurisdicción, elementos que son vitales para la consolidación de la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática dominicana.

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